Colombia y su proceso electoral copan muchas portadas, pero hay aspectos de este país que, lejos de airearse, se ocultan, como la represión a los movimientos sociales. La defensora de derechos humanos Luz Helena Ramírez recaló en Bilbo para ofrecer su testimonio sobre esta dura realidad. Leído en GARA
Primer puesto mundial en ejecuciones de sindicalistas. Primer puesto en homicidios de defensores de derechos humanos, y la medalla de plata en atentados contra periodistas. Esas escalofriantes cifras no son más que algunas de las que podrían ponerse sobre la mesa para configurar una clarificadora fotografía de la realidad colombiana.
Muchas veces se habla de la represión que se ejerce contra los sindicalistas -como ocurre en el caso de la empresa Coca Cola- en este país sudamericano, pero si se traslada a los números, la realidad es aún peor: desde 1986 hasta el pasado año 2009, 2.704 sindicalistas perdieron la vida, de los cuales unos 500 se han registrado durante los ocho años que el presidente ultraderechista Álvaro Uribe (Partido de la U) ha permanecido sentado en la Casa de Nariño. Además, hay al menos 300.000 personas desaparecidas, muchas de las cuales acaban apareciendo enterradas en fosas comunes.
«El exterminio y el genocidio contra el movimiento social en Colombia es responsabilidad del Estado», destaca Luz Helena Ramírez, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que visitó Euskal Herria invitada por el sindicato LAB y la fundación Ipar Hegoak.
Según relata, el conflicto de Colombia se deriva de «la no realización de una reforma agraria», como las que se hicieron «en mayor o menor medida, durante los años 60 y 70 en otros pueblos» de América Latina.
Colombia ha vivido en apenas 50 años un cambio muy vertiginoso, ya que antes la sociedad era mayoritariamente rural, y ahora, el 70% de la población se concentra en las ciudades. Ese traslado masivo se da fruto «un proceso precario de industrialización», pero «también forzados por la violencia».
Y es que, en la época en la que el país comenzó a industrializarse, los campesinos eran sometidos a grandes presiones para que abandonaran sus tierras, las cuales pasaban a ser propiedad del Estado y después cedérselas a las numerosas empresas transnacionales que han llegado a Colombia. «Hay más de cuatro millones de campesinos desplazados internos, con todo lo que eso conlleva, y en su mayoría son mujeres y niños», lamenta Ramírez, quien puntualiza que algunos han tenido que desplazarse «varias veces».
Entre los años 1948 y 1953, «con el argumento de la Guerra Civil, el Gobierno comenzó a echar atrás más derechos laborales» empleando para ello «una violencia política que tenía como objetivo empobrecer a la gente».
Según explicó en una conferencia ofrecida en Bilbo, en la década de los 80 se vivió un proceso prerrevolucionario, similar al que se dio en otros países, y del que salieron fortalecidos tanto los movimientos sociales como los grupos guerrilleros. «La gente comenzó a participar en protestas, en tomas de tierras... Todo eso amenazaba el statu quo», indica.
Excusas
«Ese movimiento argumenta la violencia de Estado, que se incrementa bajo la excusa de la existencia del conflicto armado», añade esta defensora de derechos humanos.
En esa línea, subraya que el incremento de los ataques coinciden en el tiempo con el aumento de los movimientos de protesta.
El doble mandato de Álvaro Uribe se ha caracterizado por la implementación de la política de seguridad democrática que, además, ha recibido un espaldarazo en las urnas, teniendo en cuenta los votos obtenidos por su delfín político, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien prometió dar continuidad a esa política.
Al poco de alcanzar Uribe el poder, se dieron los ataques del 11-S, «que desataron una guerra mundial contra el terrorismo», que fue utilizada por el Gobierno colombiano para incrementar la represión contra la clase sindical del país.
Ahora, censura Ramírez, el Gobierno muestra como éxito el descenso de muertes a manos de paramilitares -de las cuales nunca se reconoce la motivación política, sino que se vinculan oficialmente a móviles como el robo o el despecho-. «En realidad, esa violencia existe pero se ha modificado: han subido las amenazas, los allanamientos...».
«En Colombia, vivimos en un régimen democrático basado en el terror; todos los sectores que se oponen al presidente Uribe son calificados de terroristas y cualquier tipo de movilización es reprimida con el Ejército, con la Policía...», sostiene.
Lo peor de todo esto «es la impunidad sistemática»: Sólo se conoce al 22% de los responsables de las muertes, en el caso de que se llegue a investigar. «Como, oficialmente, los paramilitares se desmovilizaron, curiosamente se han multiplicado los crímenes pasionales», ironizó, al tiempo que lamentó que «esta nueva modalidad hace difícil probar el móvil político» de las muertes.
Sobre la reciente primera vuelta de las elecciones, en la que el candidato oficialista casi dobló la cantidad de votos de su rival más directo, el excéntrico aspirante verde, Antanas Mockus, vaticinó que «pasaremos de `Guatemala' a `Guatepeor'», haciendo después una comparación entre ambos candidatos en liza: «Santos es como Bush y Mockus es como Obama». En ese sentido, destaca que el candidato por el Partido Verde sería «algo más democrático» pero, en el fondo, no cambiaría nada.
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