[El texto del PCI (Maoísta) que os ofrecemos a continuación tiene una especial trascendencia: en el proceloso océano de la actual crisis capitalista, desde cada orilla del revisionismo y el liquidacionismo se entonan cantos de sirena sobre la buena nueva de la no violencia, la fe en el electoralismo y la contrición por pasados “errores”. Por utilizar otra expresión que ha hecho fortuna, es tarea de los comunistas –y no de las menos importantes- transformar esos cantos de sirena en el canto del cisne de la revisión y la liquidación.]
Publicado en Economic and Political Weekly, en octubre de 2009. Págs. 76-78
El Primer Ministro Manmohan Singh y el Ministro del Interior, Palaniappan Chidambaram, han hecho la más absurda de las propuestas para mantener conversaciones con el Partido Comunista de la India (Maoísta): que éste abjure de la violencia. Mientras se dedican a reclutar a miles de paramilitares y llevan a cabo brutales agresiones contra el inerme pueblo adevasi y los revolucionarios maoístas, hablan de la violencia de los maoístas. El terrorismo de estado, el terrorismo de extrema derecha y el terrorismo patrocinado por el estado se han convertido en la mayor amenaza contra la paz y la seguridad en nuestro país. El gobierno de la Alianza Progresista Unida, dirigida por el partido del Congreso, tiene en su haber la masacre de más de 2.000 personas –entre ellas numerosos revolucionarios maoístas- en los últimos cinco años. Y sin embargo, el gobierno dice que está poniendo en práctica el “estado de derecho” y pide a los maoístas que depongan las armas y se sienten a conversar.
Pedir a los maoístas que depongan las armas como precondición para las conversaciones revela una total ignorancia de los factores históricos y socioeconómicos que han dado origen al movimiento maoísta. El Comité Central (CC) del PCI (Maoísta) deja meridianamente claro que deponer las armas significa una traición a los intereses del pueblo. En su día tomamos las armas en defensa de los derechos del pueblo y para lograr su liberación de toda forma de explotación y opresión. Mientras las tales existan, el pueblo seguirá armado.
Sin embargo, se podría alcanzar un acuerdo de cese el fuego por ambas partes si el gobierno deja de defender irracionalmente que los maoístas deberían abjurar de la violencia. El gobierno debería recapitular sobre sus propios actos y decidir si está preparado para abjurar del terrorismo de estado y de la violencia desencadenada contra el pueblo. Si son mínimamente serios sobre la cuestión de las conversaciones, deberían crear en primer lugar un clima propicio poniendo en práctica honestamente al menos lo que se garantiza en la Constitución india que ellos mismos juran.
Deberían detener los secuestros ilegales de maoístas y de personas sospechosas de prestar apoyo a los maoístas. Deberían parar de inmediato las torturas y los asesinatos de personas inermes, dar órdenes a sus llamadas fuerzas de seguridad para que dejen de violar a mujeres en las zonas bajo control maoísta, abandonar su política de destrucción de la propiedad del pueblo y los incendios de las aldeas adivasis. Deberían retirar las bases de policía y de fuerzas paramilitares de edificios que albergan colegios, gobiernos comunales, y de las zonas del interior para, de ese modo, infundir una cierta sensación de seguridad en el pueblo. Deberían desmantelar las bandas de vigilantes armados auspiciadas por el estado tales como Salwa Judum, Sendra, Gram Suraksha Samiti, Nagarik Suraksha Samiti, Shanti Sena, Harmad Bahini, y otras.
Se debería crear una comisión judicial de encuesta, imparcial, que investigue las atrocidades inhumanas cometidas contra los maoístas y el pueblo en general por la policía, las Fuerzas de Policía de la Reserva Central (CRPF, en sus siglas en inglés), otras fuerzas del estado y las bandas de vigilantes. Una vez se llevaran a cabo las investigaciones, se debería castigar a los culpables de acuerdo con la ley. Todos los detenidos por ser maoístas o sospechosos de ayudar a los maoístas, incluidas en particular las personas que no tienen relación alguna con nuestra organización, deben ser puestos en libertad incondicionalmente. Deberían derogar todas las leyes y normas draconianas tales como la Ley (de Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA, en sus siglas en inglés), la Ley Especial para la Seguridad Pública de Chhattisgarh, la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA, en sus siglas en inglés), etc. Deberían desmantelar los campos de concentración organizados por el Gobierno con la excusa de rehabilitar a los adivasis desplazados de sus aldeas, pagar indemnizaciones justas a más de doscientos mil adivasis que fueron desplazados a la fuerza por la acción conjunta de las bandas de Salwa Judum y de las CRPF. Todas las víctimas del estado y del terrorismo de estado, es decir, los asesinados, mutilados, las mujeres violadas y todos aquellos con secuelas psíquicas deberían recibir compensación adecuada.
En cuanto a las cuestiones socioeconómicas, la minería y otras actividades como los llamados proyectos de desarrollo que provocan el desplazamiento de los pueblos indígenas y la destrucción de su modo de vida deberían ser desmanteladas de inmediato. Todos los memorandos de entendimiento (MOU, en sus siglas en inglés) firmados con las grandes multinacionales imperialistas como Vedanta y otras grandes empresas como Tatas, Mittal, Essar, Jindal, etc., deberían quedar sin efecto. La política de Zonas Económicas Especiales, lanzada a bombo y platillo, debería desecharse inmediatamente junto con la política colonial de adquisición de tierras.
Las tierras arrebatadas a los pueblos indígenas por feudales sin escrúpulos y que no pertenecen al pueblo adivasi, así como por el Gobierno, se deberían reintegrar a sus legítimos propietarios. Si se cumplen estas condiciones, entonces se puede pensar en conversaciones para discutir sobre aquellas cuestiones más profundas que impiden el desarrollo real de nuestro país. El Comité Central del PCI (Maoísta) afirma inequívocamente que la propuesta de conversaciones de paz del Gobierno es sólo una maniobra de propaganda. Tras la decisión de Comité de Seguridad del Consejo de Ministros en que se dio luz verde a la ofensiva masiva contra los maoístas, hablan de la paz. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas y amantes de la paz para que se opongan a los preparativos de guerra contra el pueblo oprimido y pisoteado de nuestro país.
Comité Central del PCI (Maoísta)
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