Leído en "Nueva Democracia", Chile.Bastante cobertura ha tenido en los medios de comunicación burgueses la recién aprobada Ley Orgánica de Educación en Venezuela. Los diversos sectores de clase han tenido que defender sus intereses y los han mostrado más abiertamente.
Por ejemplo, fue posible recoger una declaración del presidente del gremio Fedecamaras -ala compradora de la burguesía monopólica- en que aseguraba que con la nueva Ley de Educación “estamos presenciando una arremetida contra el sector privado y una serie de sectores”. Pues, en efecto, esta nueva ley de educación apunta al fortalecimiento del sector monopolista estatal dentro de la educación y la instauración de ciertas limitaciones al desenvolvimiento del capital monopolista no estatal.
La burguesía compradora y la educación
Venezuela se ha caracterizado por décadas por depender de la exportación de petróleo como principal actividad económica.
En la década del 80’ y producto de una nueva y aguda crisis imperialista, los precios internacionales del petróleo cayeron abruptamente, y los efectos de esta crisis fueron traspasados hacia las semicolonias. Como una forma de intentar salir de esta crisis, el viejo Estado venezolano asume una gigantesca deuda externa con los paises imperialistas, con Estados Unidos como potencia hegemónica. Al igual que los prestamos condicionados impuestos por el Fondo Monetario Internacional en gran parte de los paises latinoamericanos, incluido Chile, éstos exigían una serie de cambios económicos y políticos, denominados “ajustes estructurales”. Dentro de ellos se encontraba el fortalecimiento del sector monopolista no estatal, incluso en el área de la educación. Cabe destacar que este tipo de medidas fue impuesto por el imperialismo norteamericano a gran parte de sus semicolonias como una forma de intentar salir de la crisis y recuperar sus tasas de ganancia a costa de mayor explotación para los pueblos del mundo.
Fue así como en el ámbito de la educación superior se impulsó la creación y rápida proliferación de universidades y planteles privados en todos los niveles, los que en las décadas siguientes se multiplicaron en Venezuela. De hecho, según los datos de la UNESCO (2002) existen más planteles privados de educación que estatales y los planteles privados de educación superior acaparan al 40% de los matriculados.
En la misma década de los 80’, caracterizada por la crisis imperialista, las protestas populares y la imposición de “ajustes estructurales”, se promulga la Ley Orgánica de Educación (LOE), vigente hasta sólo un par de semanas atrás. En ella se fortalecía a la facción compradora de la burguesía monopólica (sector monopolista no estatal) y se les daba amplias facilidades para lucrar con la educación (sobretodo con la educación superior) y colocar la educación burguesa al servicio de los intereses de este sector de clase.
Por ejemplo, pese a que garantizaba la educación gratuita en todos los niveles, ésta era sólo aplicable a planteles estatales. Los planteles privados estaban facultados para cobrar por concepto de matrícula (que en la actualidad fluctúa entre los US200 y US1000) e incluso recibir subsidio estatal. Una gran cantidad de aporte estatal recibían las instituciones religiosas católicas que participaban en educación. Un gran porcentaje de estudiantes no podía ser absorvido por la oferta de los planteles estatales, por lo que se veían obligados a participar del negocio educativo del sector monopolista no estatal.
De la misma forma, la investigación científica estaba destinada a satisfacer la demandas de este sector de clase. Para este efecto se crearon desde la década del 80’ organismos como el Centro de Cooperación Tecnológica de las Universidades y el Sector Productivo (CECOTUP), en el cual participan representantes de varias universidades, del sector monopolista no estatal, y del gobierno venezolano (sector monopolista estatal). En este mismo contexto se celebra el Convenio Macro de Cooperación Academia- Empresa, firmado entre la Federación Venezolana de Empresarios (FEDECAMARAS), principal gremio de la burguesía monopolista no estatal de venezuela y la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) en 1996. Así, el sector monopolista no estatal, pese a aportar sólo el 5% de sus recursos a la investigación cientifica se beneficiaba de ellas pues la mayoría de éstas estaba destinada a satistafer sus necesidades.
Todas estas “reformas” impuestas por el imperialismo en la década del 80’ tendían a generar mano de obra calificada sin un mayor costo para la burguesía compradora, en un gran número -haciendo bajar los salarios-, una investigación científica que lograra bajar los costos de producción y aumentar las tasas de ganancia concentrando nuevos sectores productivos en sus manos. Todo esto, en un vano intento por recuperar al capitalismo burocrático venezolano de la crisis y salvar la deuda externa.
La nueva LOE: más Estado y corporativización del movimiento popular
Con la llegada de Chavez al gobierno en 1998, comenzaba una etapa de fortalecimiento del sector monopolista estatal, aquella facción denominada burguesía burocrática pues utiliza al Estado como palanca económica. Con un discurso populista, ambiguo y disfrazado de socialismo, la burguesía burocrática comenzó una serie de “expropiaciones” -que no fueron más que compras de empresas- de las principales áreas económicas donde los hidrocarburos se convertirían en la principal fuente de acumulación de plusvalía.
De hecho, uno de los objetivos de la nueva LOE plantea explícitamente “desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas la conciencia de Venezuela como país energético y especialmente hidrocarburífero, en el marco de la conformación de un nuevo modelo productivo endógeno”, corroborando la importancia del petróleo para este sector de la burguesía monopólica venezolana y profundizando la dependencia económica de Venezuela como semicolonia imperialista al avanzar en convertirse en un país monoproductor.
Dentro de este marco, las propuestas emanadas desde el sector monopolista estatal no podía ser otra cosa que más Estado.
Estas nuevas reformas educativas pretenden “formar profesionales e investigadores de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas las áreas”. Sin embargo, en una sociedad dividida en clases antagónicas, donde un puñado de personas concentran en sus manos la mayor parte de los medios de producción y viven a costa de la explotación de miles de asalariados que privados de los medios de producción se ven en la obligación de vender su fuerza de trabajo, el “progreso del país” no es más que el progreso de las clases monopólicas. Para Chávez, el “progreso del país” es el progreso del sector monopolista estatal al que representa. En Venezuela más Estado significa para las masas más social fascismo, más explotación y más capitalismo burocrático.
La nueva LOE busca crear una mano de obra mejor calificada y para ello ya se han anunciado grandes paquetes de inversiones en infraestructura y educación. Esta mano de obra será la que posteriormente se empleará en las empresas monopolistas estatales, principalmente petroleras, para aumentar sus tasas de ganancia. De hecho, uno de los artículos de esta ley garantiza “la inserción productiva de egresados universitarios” pero “en correspondencia con las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”, o mejor dicho con las prioridades del plan de desarrollo económico de la burguesía burocrática. De ahí la importancia que Chávez le está dando a la educación.
Sin embargo, la burguesía burocrática para poder desarrollarse tiene que pugnar con la otra facción de la burguesía monopólica: la burguesía compradora o sector monopolista no estatal. Por ello la actual LOE restringe las amplias libertades dadas al sector monopolista no estatal por la anterior ley educativa (1980). Sin embargo, no puede eliminar todas estas libertades y mantiene de todas formas la educación privada, pero restringiendo el lucro que ellas obtienen. Por ejemplo exigiendo calidad de la infraestructura educativa o fijando el valor de matrícula, aranceles y servicios administrativos que cancelan los estudiantes en las “instituciones educativas privadas”. Estas medidas, sin embargo, sirven de igual manera a la burguesía compradora pues les permite concentrar propiedad de aquellos planteles educativos que no posean el capital suficiente para cumplir dichos requerimientos y se vean obligados a cerrar.
Estas dos facciones de la burguesía monopólica se desenvuelven en colusión y pugna. En ciertos periodos luchan pero se unen cuando el pueblo se rebela contra ellos y la corporativización y cooptación del movimiento popular no dan resultado para defender sus estrechos intereses de clase.
Por otra parte, durante las últimas semanas han acontecido masivas manifestaciones a favor y en contra de la nueva ley educativa. Ambas facciones de la burguesía monopólica han utilizado al movimiento popular y las movilizaciones de masas para cabalgar sobre ellas anteponiendo sus mezquinos intereses.
El sector de clase representado por Chávez ha tratado de mostrar ante las masas una ley de educación que permite “desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular”, una ley donde “podrán formar parte de la comunidad educativa los voceros de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones y centros educativos”. Sin embargo, la forma de entender este “poder popular” es a través de la participación en el Estado de organizaciones cooptadas por la burguesía monopólica que cumplan la función de intentar contener la protesta popular y convertirla en un apéndice del Estado. A esto último se le denomina corporativización, una expresión del fascismo para la contención de la lucha de masas.
Bajo un discurso demagógico y con un disfraz de socialismo, Chávez ha engañado a las masas haciéndoles creer que esta ley corresponde a una de las tantas “leyes revolucionarias” que “pavimentarán el camino al socialismo”, una ley que “garantiza la igualdad de oportunidades y abre el sistema educativo a los pobres y excluidos de siempre”, cuando lo único que pavimenta esta ley es el camino al fortalecimiento del sector monopolista estatal en lo económico.
Ambigüedad y conciliación de clases del Socialismo del Siglo XXI
Unos de los artículos de la nueva LOE prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país “la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, propaganda y promociones de cualquier índole que inciten al odio, la violencia y que atenten contra la paz y la convivencia humana”. Bajo estos conceptos es posible identificar el carácter de clase del socialismo del Siglo XXI promulgado por Chávez, representante, como decíamos, de la burguesía burocrática. Esto, porque en una sociedad dividida en clases no existe la humanidad en abstracto, sino que existen humanos pertenecientes a una u otra clase social, algunas antagónicas y otras no antagónicas en ciertos periodos históricos. Por lo tanto lo que se prohíbe en esta ley es atentar contra la paz burguesa, paz para poder seguir explotando al pueblo venezolano, limitando por ejemplo el derecho a manifestarse.
Por otra parte, la citada ley tiene como fundamento la “formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía”, desconociendo la condición de semicolonia de Venezuela, como el resto de Latinoamérica. Si con una mano Chávez condena y acusa con el dedo al imperialismo norteamericano, la otra la estrecha con los Rusos y Chinos. Con estos imperialismos si estaría deseoso de ser semicolonia. Los tratados, acuerdos comerciales y compras de armamentos ratifican que el “antiimperialismo” y la “independencia” del socialismo del siglo XXI no es nada más que un cambio de manos imperialistas y la entrega de los recursos naturales al saqueo extranjero. Es más, pese al marcado carácter anti norteamericano de Chávez, la potencia imperialista es el principal destino de las exportaciones petroleras venezolanas.
El carácter de clase de la educación
Durante las últimas semanas, otros sectores de clase también se han manifestado frente a la nueva LOE: los estudiantes exigen que la ley se discuta entre ellos, profesores y trabajadores de la educación. La iglesia protesta porque se excluyó la religión como materia obligatoria en las escuelas y porque se busca limitar sus negocios en educación, ya que poseen 4 de las 21 universidades privadas existentes en Venezuela (UNESCO 2002)
Los representantes de la burguesía compradora (sector monopolista no estatal) también se han manifestado. Así por ejemplo, Sosa Gómez ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia delaraba que “el gobierno pretende apropiarse de la educación para transformarla en un mecanismo de proliferación de conocimientos políticos”; Ismael García, secretario general del partido Podemos manifestaba que “nos están imponiendo una ley de educación que pretende convertir a nuestros niños en robots y máquinas” y varios otros la rechazaban por “ideologizante”. Estos mismos argumentos los repiten agentes de la burguesía entre estudiantes, profesores universitarios y diversos gremios.
Sin embargo, en una sociedad dividida en clases y cuyo sistema económico se sustenta en la más brutal explotación de las amplias mayorías por un puñado de individuos que monopolizan el suelo, el agua, los recursos naturales y la mayor parte de los medios de producción, no puede ser sostenido sino mediante el uso de la fuerza, la coerción, la cooptación de las masas y un sistema de instrucción y educación que defienda los estrechos intereses de la burguesía monopólica y el poder político por ellos conquistado.
Para los comunistas la política es lucha de clases por la conquista y defensa del poder, y cualquier clase social que detente ese poder deberá transformar la educación “en un mecanismo de proliferación de conocimientos políticos”. Hoy en día son conocimientos políticos burgueses (sea ésta del ala compradora o del ala burocrática de la burguesía monopólica), pero cuando el proletariado y el pueblo conquisten el poder por medio de la guerra popular se convertirá en una educación para consolidar y defender el poder del proletariado y las clases revolucionarias.
La educación no puede estar al margen de la lucha de clases y no se puede democratizar la enseñanza sin democratizar la economía. Esto último tampoco podrá ocurrir si no resolvemos el problema político fundamental: la conquista del poder.
Las “revolucionarias” leyes de Chávez
En diversas declaraciones a favor de la nueva LOE, representantes oficialistas declaraban su satisfacción por la aprobación de una ley “más democrática” y una de las tantas “leyes revolucionarias”.
Sin embargo, la ley de educación, pese a ser progresista (muestra algunos avances con respecto a la LOE de 1980) no es democrática, pues no opera en el ámbito de la estructura: no devuelve los medios de producción y de vida y el poder a los que fueron despojados de ellos; y menos aún es revolucionaria pues mantiene intacto los pilares del viejo Estado burgués-terrateniente y sus clases dominantes. Por una parte no termina con la educación privada ni el lucro, y por otro, no libera fuerzas productivas (sólo cambian de unas manos monopólicas a otras) que permitan absorber la inmensa mano de obra que se genera. A este último respecto las cifras muestran que la tasa de jóvenes profesionales sin empleo se situó en un 13,5% el año 2000, cifra que se elevó producto de la crisis imperialista durante el periodo 2008-2009.
Una verdadera revolución no se hace con leyes, se realiza por medio de la guerra popular, la construcción de un Partido comunista que la guíe, un ejército popular capaz de enfrentarse a los guardianes que mantienen este sistema de explotación por la fuerza y un frente que agrupe a las fuerzas revolucionarias contra los enemigos principales: la burguesía monopólica (con sus dos facciones), los terratenientes y el imperialismo de los cuales somos los países latinoamericanos colonias, tarea que no pueden darse al margen de una incansable lucha contra el oportunismo y revisionismo. La democratización de la enseñanza no podrá realizarse sin demoler el viejo Estado.
Más aún, la llamada “revolución socialista” de Chávez, es una de las falacias más grandes sobre la tierra, pues en ningún momento las clases populares conquistan el poder y expropian a quienes concentran los medios de producción. Es la misma burguesía monopólica la que ejerce su dictadura sobre las clases populares, sólo que ahora lo hace su ala burocrática.
Elementos progresistas de la nueva LOE
Las protestas populares de 1980 que dieron origen a la Ley de educación del mismo año, consagraron algunas conquistas democráticas del pueblo que no pudieron ser arrebatadas en la actual LOE. Entre ellas la posibilidad que tienen los estudiantes y demás actores de la educación de elegir, nombrar y revocar sus autoridades con base en la democracia participativa, la gratuidad de la educación en todos los niveles en los planteles estatales y la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.
Por otra parte, la nueva LOE regula el funcionamiento de planteles privados los que no podrán clausurar cursos durante el año escolar habiendo aceptado estudiantes regulares, “salvo en casos plenamente justificados, previa autorización”; podrá sancionar a planteles privados que no mantengan la calidad requerida en la enseñanza y los servicios de bibliotecas, laboratorios, educación física, orientación escolar y extensión cultural y podrá sancionar a los planteles que incumplan en forma reiterada las obligaciones laborales, legales o contractuales con los trabajadores a su servicio.
Decimos que son elementos progresistas de la LOE sobretodo comparándola con la realidad de la educación chilena en todos sus niveles, donde este tipo de demandas son muy sentidas dentro de estudiantes y los trabajadores de la educación.
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