Varias organizaciones de inmigrantes llamaron ayer a la huelga general contra el recorte de las pensiones convocada por la mayoría sindical de Euskal Herria. En rueda de prensa, explicaron que esas medidas antisociales afectan al conjunto de la clase trabajadora, pero especialmente a los inmigrantes, porque son los que sufren una mayor precariedad. Lamentaron que el Gobierno español sea «obediente» con los planes que dictan desde el FMI y el Banco Mundial.
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Dieciséis colectivos de inmigrantes apoyan y consideran necesaria la huelga general que la mayoría sindical ha convocado para el próximo jueves, día 27, y llaman a participar en el paro y en las diversas movilizaciones que se llevarán a cabo ese día.
Son Bachue, Colectivo de Refugiados Colombianos en Gasteiz; Sangamar, Asociación de Senegaleses de Ondarroa; Asociación Cultural Amigos de Ghana de Durango; Azraf, Asociación de Inmigrantes marroquíes en Euskadi; Pangea, grupo intercultural de Otxarkoaga y Txurdinaga; Fasoden, Asociación de Malienses residentes en el País Vasco; Ideasur, Integración, Desarrollo y Educación al Sur, de Gernika; Asociación Argoni Vasco; Malen Etxea, Asociación de Urola Kosta; Jappoo, Asociación de Senegaleses de Durango; revista Encuentros; Ozen Komunika; Asociación Cultural Ghana Unión, de Araba; Mushu Pakari, Asociación de Ecuatorianos de Beasain; Anitza Ekimena, y Jatorkin, Asociación de Inmigrantes Marroquíes de Gipuzkoa.
Rosario Siles, que ejerció de portavoz en la rueda de prensa de ayer en Bilbo, destacó que «las recientes medidas antisociales aprobadas por los gobiernos español, vasco y navarro con la excusa de la crisis han permitido recortar derechos laborales, salariales, reformar el mercado de trabajo y reducir el gasto público y social, todo en beneficio de un pequeño grupo económico y en contra de la mayoría de la sociedad».
En este sentido, añadió que «las personas inmigrantes estamos más afectadas, porque se nos suma el recorte de derechos derivados de leyes como la de Extranjería o la de Asilo y Refugio, que nos impone el Estado español y que suponen una mayor exposición a situaciones de abuso y chantaje. Sufrimos, además, decisiones institucionales que agravan nuestra indefensión, cierre de servicios y recorte en las subvenciones».
Siles se refirió a las políticas de recorte del FMI y el Banco Mundial, de las que dijo que «ya las conocemos los trabajadores extranjeros». y lamentó que el Gobierno español sea «obediente» con esos planes que perjudican a toda la población.
En este caso, recordó en nombre de las dieciséis organizaciones de inmigrantes que «el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, unido al incremento de los años cotizados para tener derecho a una pensión, restringe el derecho a una pensión a miles de personas y, en el caso de los trabajadores extranjeros el aumento hará imposible que accedamos a una jubilación que por derecho nos corresponde».
También detalló que el aumento a 20 o 25 años para el cálculo de la pensión «reducirá la misma en más de un 20%», y sostuvo que el hecho de «que necesitemos más de 39 años de cotización para acceder a una pensión del 100% sobre lo que hemos cotizado» es un ataque directo. Criticó, asimismo, que se haya eliminado el derecho a que las pensiones mantengan el poder adquisitivo.
Elkartzen también la apoya
Frente a ello, valoraron que «solo nos queda unir fuerzas para repartir la riqueza, democratizar la economía y conquistar la soberanía económica».
«Debemos responder a tanta injusticia social»
Isaac Antwi, otra de las personas que tomó la palabra, destacó que los recortes «nos afectan a toda la clase trabajadora, sin excepción», pero advirtió de que «dejarán en una situación realmente insostenible a las personas que hoy están con contrato basura, precarios, los que trabajan a jornada parcial, y a los sectores feminizados». Añadió que en todas estas circunstancias «nos encontramos la mayoría de los inmigrantes».
Antwi indicó que «la reforma de las pensiones y su supuesta inviabilidad no es más que un intento por acabar con el sistema público, para privatizarlo y poder especular, como ha ocurrido en muchos de los países de origen de los trabajadores inmigrantes». Frente a este escenario, opinó que «es momento de responder a tanto ataque, tenemos que salir a la calle. Tenemos que denunciar tanta injusticia social. Las personas inmigrantes no somos mercancías de coger y tirar, somos seres humanos con derecho a que se nos trate con dignidad».
Por ese motivo dijo que el 27 de enero «nos vamos a unir a la huelga, nos vamos a movilizar con la mayoría sindical vasca para luchar por el cambio, por un modelo económico y social justo».
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