La OTAN está perdiendo la guerra en Afganistán en dos de sus frentes más importantes, el militar y el político. En el plano armado la resistencia está golpeando más duro que nunca y este año ya ha provocado más bajas entre los soldados de la Alianza (295 hasta ayer) que durante todo el año pasado (cuando, según los datos oficiales, fueron 294 los soldados ocupantes muertos en total). En la esfera política las elecciones han evidenciado la falta de transparencia y de credibilidad de la clase política. Las acusaciones mutuas de los principales candidatos no hacen sino acrecentar esa percepción.
Cabe señalar además que en un tercer frente, el económico, la situación es aún más compleja, pero no mejor. En el terreno económico la crisis global ha probado que el esquema de asegurar el crecimiento económico a través del gasto armamentístico y militar es equivocado no ya en Afganistán, sino como modelo económico. En este momento la ocupación de Afganistán e Irak es una losa para el presupuesto de los países ocupantes, que ven cómo la batalla se eterniza, los gastos se multiplican y los hipotéticos beneficios ni se vislumbran, todo ello en un momento crítico para sus economías internas.
No obstante, cerrar siquiera alguno de estos frentes requeriría un replanteamiento total por parte de la Alianza Atlántica, algo que parece lejos de querer afrontar. Pero que no quieran afrontar esos problemas no quiere decir que no vayan a tener que hacerlo, antes o después. De momento la Administración Obama ha variado su estrategia militar -desviando tropas de Irak a Afganistán, aunque esto suponga un recrudecimiento del conflicto en Irak- y su estrategia política -atemperando su apoyo a Karzai y negociando con los talibanes-, pero su apuesta sigue siendo la de ganar una guerra de ocupación que dejaría como legado un gobierno títere, con el país en régimen de explotación para sus empresas y bajo su control militar. Ese «sueño» se ha tornado pesadilla y tanto los mandos militares como la sociedad norteamericana han empezado a admitirlo. Falta que lo acepte su Gobierno. Y que actúe en consecuencia.
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