Las denuncias por irregularidades en el escrutinio de las elecciones al Parlamento europeo siguen produciéndose. Iniciativa Internacionalista ha pedido ya su nulidad en varias juntas electorales. Dado el carácter descentralizado del proceso, la recopilación de datos es difícil, pero este diario pudo confirmar las de Madrid y Cádiz, otra denuncia en Barcelona y otra más en Valladolid pendiente de la respuesta a las alegaciones.Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos sigue acumulando denuncias de irregularidades tanto durante la jornada electoral del 7 de junio como en los recuentos que debían realizarse en las juntas electorales que en algunos casos no se produjeron. El hecho de que estos recursos se resuelvan en el ámbito provincial y que la candidatura carezca de una estructura sólida y centralizada está dificultando la unificación de datos, pero este diario ha podido constatar la existencia de denuncias de graves irregularidades que han llevado a los demandantes a solicitar la nulidad del escrutinio.
La candidata número dos de II-SP y abogada, Doris Benegas, explicaba ayer a GARA que había presentado ya un recurso ante la Junta Electoral Provincial de Madrid por varios motivos, el principal de ellos un «error insalvable» a estas alturas y cometido por la propia Administración -en este caso el Ministerio del Interior- y que pudo dar lugar a un daño que en estos momentos no se puede calcular, puesto que las papeletas fueron destruidas en cada colegio la noche electoral.
La Junta Electoral Central había asignado a Iniciativa Internacionalista el número 31 y así figuraba en toda la documentación, en el Boletín Oficial del Estado y en las papeletas de voto. Sin embargo, en todas las actas de las mesas y del escrutinio general provincial II-SP aparecía con el número 30. Esto ocurrió en todo el Estado. Y, por lo tanto, siempre que el recuento se haya producido únicamente en base al número, se han podido producir errores que en estos momentos resultan ya incorregibles.
Doris Benegas explica que «esta es una irregularidad enorme y, además, impresentable. Se trata de un incumplimiento de la propia Administración. No se trata ya de que una mesa se equivoque o no, sino que cumpliendo las instrucciones se produce ya el error». Desde el punto de vista jurídico esto supondría la nulidad del escrutinio.
Más «errores» que nunca
Es preciso destacar que ya se ha podido constatar la existencia de numerosos «errores» producidos por el baile de adscripción de resultados a unas u otras candidaturas. Y, llamativamente, allí donde se han podido corregir esas desviaciones, la mayoría -fuera de toda lógica estadística- afectaban a Iniciativa Internacionalista, lo que dificulta mantener la teoría de que el caos hubiera sido aleatorio.
Tan sólo en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa a II-SP el Ministerio del Interior, en su recuento provisional, le había contabilizado 1.468 votos menos, que se habían sumado inicialmente a otras candidaturas.
Por suerte para la candidatura, en Euskal Herria contó con apoderados e interventores que pudieron controlar los escrutinios de todas las mesas y guardar las actas donde podía evidenciarse la desviación de votos hacia otras siglas.
Si bien es cierto que en todos los comicios se producen errores en el recuento provisional que después son solventados en el recuento de las juntas electorales provinciales, desde estos propios órganos se ha reconocido que lo ocurrido en este caso, al menos en Euskal Herria, resulta del todo inusual.
Se sabe también que se han producido hechos insólitos en otros puntos del Estado. A los ejemplos ya conocidos se añaden otros como, por ejemplo, en la localidad gaditana de Los Barrios, donde según ha denunciado el PP, a IU se le atribuyen 293 votos y al ultraderechista MSR 197, cuando en realidad, según las actas, IU tuvo 197 y el MSR apenas 1. Lo que no aclaran las noticias conocidas hasta el momento es de quién eran esos 293 votos que el ministerio le apuntó a IU.
Campaña negativa
El recurso presentado por II-SP en Madrid incluye también otras denuncias, como el hecho de que CNN+ estuviera haciendo «campaña electoral negativa» durante la jornada electoral desde un colegio de la provincia, recordando que la lista había sido apuntada como colaboradora de ETA. El mismo día, la Junta Electoral desestimó la queja, pero Doris Benegas aporta ahora sentencias del Tribunal Supremo que reconocen que hacer campaña electoral no es sólo pedir el voto, sino también hacer «campaña disuasoria».
Junto a esto se denuncia también la no entrega del censo electoral y la falta de papeletas en algunos colegios, porque en la relación de candidaturas entregada por la subdelegación del Gobierno no figuraba II-SP.
Doris Benegas tenía también abierta la posibilidad de presentar un recurso en Valladolid, aunque se encontraba a la espera de recibir respuesta a las alegaciones realizadas.
Ilegalidades en Cádiz
El representante legal de II-SP en Cádiz también ha impugnado el escrutinio oficial de la Junta Electoral Provincial. Según se detalla en su escrito, el juez que presidía la Junta -además de mantener una actitud chulesca e insultante- se negó a realizar el recuento abriendo los sobres de cada mesa electoral, que es lo que marca la ley y para lo que se otorga el tiempo necesario y la ayuda material precisa.
El presidente de la Junta Electoral sólo accedió a revisar algunas mesas en las que PP y PSOE habían presentado alegaciones y a un recuento aleatorio de otras mesas, cuando la Ley es taxativa al respecto.
El representante de II-SP se negó a aceptar el recuento en base únicamente a los soportes informáticos -que en varios puntos se han demostrado defectuosos- y exige en su recurso que se realice el escrutinio de forma legal, ya que lo considera no efectuado. Además, sostiene que el Acta de la Sesión es falsa, puesto que se impidió la inclusión de las observaciones de los representantes de esta candidatura y, por lo tanto, nula.
El presidente contó con la aquiescencia de los representantes del PP y PSOE, mientras que el resto de candidaturas no acudieron al acto de recuento.
A II-SP le consta también que se han producido impugnaciones en Barcelona y en otros puntos del Estado, pero faltaba por conocer sus concreciones.
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