HERRI DEMOKRAZIA
Como se anunció ayer, el Consejo español de Ministros ha aprobado hoy mismo el inicio de reformas legales para seguir con su estrategia de acoso a la izquierda abertzale en la dirección planteada por el PP, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido,dijo ayer «estén ustedes atentos a las reformas legislativas en las que el Gobierno está trabajando, para ver que se está haciendo todo lo posible para hacer cada vez más difícil que puedan presentarse».
Más allá de trifulcas mediáticas en las que se trata de demostrar quien es más duro en su política contra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco y las derivaciones electoralistas de esta pugna, los dos principales partidos estatales de la burguesía monopolista española, PSOE y PP,preparan una reforma de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral, demostrando de nuevo que comparten su estrategia de negación de Euskal Herria y de persecución contra la Izquierda Abertzale.
A escasos 8 años (2002) de la aprobación con bombo y platillos de la Ley de Partidos en las Cortes españolas, se trata de nuevo de aprobar legislaciones ad-hoc con el objetivo de estrangular un movimiento político sólidamente arraigado en Euskal Herria e impedir que la izquierda independentista vasca pueda concurrir a las elecciones y tener presencia en las instituciones.El apartheid político busca excluir a decenas y decenas de miles de personas a las que se les niega su de recho legal de participación política y a la libertad ideológica por el mero hecho de tener ideas independentistas y de izquierda.Simultaneamente esta exclusión permite que las fuerzas nacionalistas españolas puedan tener el control del Gobierno y de las instituciones autonómicas, blindando de este modo una mayoría ficticia sin legitimidad popular .Son leyes para consolidar el estado de excepción que vive Euskal Herria.
A falta de conocerse con más detalle, las modificaciones legales previstas van más lejos e incluso se prevé introducir cambios para que aquellos cargos elegidos ( diputados, parlamentarios, junteros o concejales) a los que les acusen de «apoyar a la violencia» se les pueda retirar del cargo, algo imposible hasta la fecha.
¿Es esta la respuesta del Estado español a las últimas propuestas políticas de la Izquierda Abertzale y a la voluntad del Pueblo Vasco?
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