HERRI DEMOKRAZIA Esta semana la Audiencia Nacional española ha juzgado a cuatro jóvenes de Barakaldo bajo la acusación de quemar un cajero. La Fiscalía pretende una condena de 33 años de cárcel, en lo que a todas luces pretende ser una condena "ejemplarizante".
El jucio en el tribunal español heredero directo del franquista Tribunal de Orden Público (TOP) a los jóvenes barakaldarras Sendoa Jurado, Unai Frías, Jon Villanueva y Asier Gómez quedó ayer visto para sentencia sin que la petición fiscal de 33 años de cárcel para cada uno de ellos fuera modificada.
El representante del Ministerio Público sustenta su petición en que «existía un peligro abstracto para una multitud de vecinos», en referencia a los residentes del inmueble en el que se sitúa el cajero que les acusan haber quemado. En la sesión de ayer declararon los peritos, entre los que se encontraban dos bomberos experimentados que aclararon que el fuego duró cuatro segundos, como se observa en las cámaras de seguridad, y que fue la propia estructura del local la que lo sofocó, al estar construida para ello.
Otra de las supuestas pruebas que esgrimen contra estos jóvenes es el hallazgo de dos prendas en el que los peritos habrían identificado ADN de los cuatro jóvenes, aunque también hubo matizaciones en este sentido ya que los peritos alertaron de que existía ADN de dos personas más en dichas prendas. Los letrados de la defensa fueron más allá y alertaron de que el hecho de que contenga ADN de los jóvenes no significa que fueran ellos los que la vestían en ese momento e ironizaron incluso preguntando «si se han puesto la misma camiseta a la vez».
Hoy, una nueva protesta ante el juzgado de Barakaldo, al mediodía, y una manifestación que recorrerá por la tarde la localidad vizcaina se solidarizará con los jóvenes encausados y denunciará con contundencia este proceso judicial.
La justicia no es igual para todos
Por citar dos ejemplos que son ampliamente conocidos y no muy lejanos en el tiempo, al policía Valeriano de la Peña y a su hijo José Miguel, que mataron al panadero abertzale Angel Berrueta en Iruñea en 2004, se les impusieron condenas de 20 y 15 años de cárcel respectivamente.La mujer del policía inductora de los hechos y condenada en un primer momento a 10 años de prisión quedo finalmente exculpada al poco tiempo por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, con la posterior ratificación del Tribunal Supremo del estado español.
Berrueta fue asesinado por razones políticas el 13 de marzo de 2004 por un miembro de la Policía Nacional española y por el hijo de éste cuando intentaron forzarle a poner en la panadería un cartel de condena a ETA y que Ángel se nego a colocar . Estos hechos sucedieron en el clima político y social creado por la brutal voladura de trenes que dos días antes en Madrid (el 11-M) causó 191 muertos y cientos de heridos y con el empeño de manipulación del Gobierno Aznar y secundado por un tiempo por la casi totalidad de los partidos políticos y medios de prensa, en el que fuera de toda lógica política y contra cualquier evidencia se acusaba a ETA de los atentados al mismo tiempo que aprovechaban para subir el tono en la criminalización de la izquierda abertzale. Posteriormente, en el 2007,fueron condenados por los hechos del 11-M varios ciudadanos árabes y del estado español acusados de formar parte o colaborar según se dijo en la sentencia con "células o grupos terroristas de tipo yihadista", quedando descartada completamente la intervención de la organización armada ETA.
Más recientemente en un crimen sin motivación política, al médico José Diego Yllanes, que acabó con la vida de la joven Nagore Laffage e intentó ocultar el cadáver, se le ha aplicado una pena de doce años y medio, casi tres veces menos que lo que el fiscal pretende imponer a cada joven de Barakaldo.Como se conocerá Yllanes trabajaba en la elitista clínica privada que el Opus Dei tiene en la capital de Nafarroa.
Otro caso especialmente sangrante es el del miembro del GAL y General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, responsable del secuestro,las torturas en el cuartel de Intxaurrondo, y el asesinato y enterramiento en cal viva de los militantes de ETA Josean Lasa y Joxi Zabala; condenado en su día por los tribunales españoles a 75 años de prisión de los que únicamente cumplió poco más de cuatro años y con la aplicación de un régimen penitenciario especialmente benigno y todo tipo de privilegios materiales. Rodríguez Galindo, sobre el que además pesan abrumadoras pruebas de implicación en casos de tortura entre ellas las que acabaron con la vida de Mikel Zabalza en 1985, y fundadas sospechas de implicación en otros casos de la llamada "Guerra Sucia" (Terrorismo de Estado) así como en redes de narcotráfico y trata de personas con fines de explotación sexual, disfruta hoy de la vida en total libertad y pasea placidamente por las calles.
Se podrían citar casos similares en que en las escasas ocasiones en las que el Estado juzga a sus funcionarios y dirigentes políticos por asesinato,torturas o corrupción y en los casos en que se produce alguna condena judicial, sistemáticamente el cumplimiento de éstas es mínimo.Basta con recordar nombres como Barrionuevo,Vera,San Cristobal, Elgorriaga, Urralburu,Roldán, etc. Todo lo contrario de lo que ocurre con los presos políticos para los que se exige cumplimiento íntegro de condenas a costa de retorcer vengativamente las leyes existentes y de crear nueva legislación cada vez más represiva y criminalizadora.
Es patente una vez más que los tribunales y las leyes ni son iguales para todos, muchas veces ya desde los propios objetivos y concepciones de origen, ni por supuesto se aplican de la misma manera según sea la ideología o la clase social de quien se trate.
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